UMBRAL PÚBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA, VISIONES OPUESTAS





  • Algunos datos que nos muestran el tamaño del pastel de la industria de la energía eléctrica, en nuestro país, son los siguientes: en el año de 2018, en México, los costos totales reportados por el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), más los costos de la operación de los Servicios de Suministro Básico, fueron del orden de 533,444 millones de pesos. Así mismo, los ingresos por venta de energía para la Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico fueron por 390,039 millones de pesos, pero, además, en ese año de 2018, la transferencia de recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue por un monto 81,405 millones de pesos, solo de subsidio para el suministro básico.
    Los datos anteriores significarán, que lo que está en juego actualmente con la reforma a la Ley eléctrica por parte de la administración pública federal y por el alud de amparos subsecuentes, es el mejoramiento de la industria eléctrica nacional; pero, seguramente en la opinión pública pueden surgir algunos de estos cuestionamientos: ¿el interés es en la operación sana de las empresas productivas del estado?, o, ¿hay mucho interés particular por las energías limpias y el impacto en el medio ambiente? o, más bien, ¿algunos ojos están puestos en participar, más activamente, en la operación de esos recursos energéticos? o, ¿a quiénes beneficia más?
    Los elementos de argumentación, de alrededor de 30 amparos judiciales, tramitados por empresas y particulares contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas el 9 de marzo, pasado estriban en que son en perjuicio de inversiones en energías limpias, que el entorno económico se vería fuertemente afectado en materia de atracción de nuevas inversiones extranjeras y que también la bolsa mexicana de valores se verá impactada. Además del uso dañino al ambiente, de combustóleo por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
    Ante esto, un juez federal otorgó la suspensión definitiva, expresando que era para permitir una mayor participación de agentes económicos a efecto de lograr el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados y de la población en general. Esto no implica que se pueda hacer una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del Ejecutivo Federal. Ámbito donde seguramente se determinará su resolución.
    No habría que dejar de lado los argumentos expuestos por la Secretaría de Energía, para haber presentado la referida reforma a la Ley de Industria Eléctrica, entre los que se encuentran los siguientes: Dentro de la Reforma Energética de la anterior administración federal, en la Ley de la Industria Eléctrica, se decretó que todos los permisos otorgados antes de la reforma deberán mantenerse. La Ley, además, obligó a la CFE a crear la filial denominada CFE Intermediación de Contratos Legados para hacer el trabajo operativo y administrativo, cuyas pérdidas estimadas son por 7,820 millones de pesos tan solo en 2018.
    A la CFE Suministrador de Servicio Básico, le cobran la tarifa establecida por la CRE para los participantes del mercado; pero para el caso de los contratos legados, que son representados por la CFE, cobra este servicio a una tarifa de porteo mucho menor que la que paga en el mercado; por lo que esta diferencia es absorbida por la CFE y se convierte en un subsidio para las utilidades de los contratistas legados, lo que se estima en el orden de 7,000 millones de pesos anuales.
    Lo justo, para sacar adelante la industria eléctrica y favorecer la competitividad nacional y la economía familiar, sería buscar un sano equilibrio entre el interés público y el privado.
    @PR_Avila
    Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACH) y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua


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