UMBRAL PÚBLICO. FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS




  • Dicen que, por alguna razón, cuando las cosas se complican, las salidas se vuelven más dificultosas, generándose siempre resistencias, válidas y a veces, no procedentes, a las alternativas de solución, lo que deriva en conflictos de las partes involucradas, más si se llegan a ubicar en el ámbito político. Algo parecido, sucede actualmente, con las afectaciones por la contingencia sanitaria y económica derivada de la pandemia del Covid – 19, que pueden alcanzar dimensiones, cuyos procesos de mitigación y reversión pueden ser muy extensos, complejos y requerir un enorme caudal de recursos económicos.

    La magnitud del problema, actual y venidero, se puede apreciar en lo expresado de hace unos días, por la Comisión Económica para la América Latina. CEPAL, organismo de la ONU, que señala que América Latina está rumbo a una “Década Perdida”, donde alerta que, derivado de esta crisis sanitaria y económica, aumentará la desocupación laboral en cuarenta y cuatro millones de personas, mientras que se incrementará la informalidad a un nivel de 54 por ciento de la población económicamente activa, PEA. Además, advierte el impacto que provendrá el desplome mundial del turismo en más del 50% anual y el hundimiento del comercio global a una tasa anual de -14 por ciento.

    En el sector salud, el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, fue el instrumento que tenía como propósito otorgar servicios médicos de alta especialidad a los entonces afiliados al seguro popular, que padecían enfermedades de alto costo, (cáncer, por ejemplo). El fondo les permitía acceder a la gestión de servicios de salud y su financiamiento, a través de un fideicomiso, en hospitales públicos con convenios firmados, una vez lograda su acreditación, de las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades. En Baja california, parte de esos hospitales son el Hospital General de Mexicali, Hospital General de Tijuana y el Hospital General de Ensenada.

    El año pasado de 2019, con la reforma de salud que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en lugar del seguro Popular; se le denominó Fondo de Salud para el Bienestar; sin embargo, el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020, se puede observar que se encuentra una asignación por 5,689,605,218 pesos, para el Seguro Popular, presumiblemente, para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En ese sentido, en los últimos días del pasado mes de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, con la objeción de los partidos de oposición por no etiquetarse un objetivo específico, una reforma para que la administración pública federal pueda utilizar hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, cuyo destino pudiera ser para la compra de la vacuna contra el COVID-19.

    Por otra parte, lo que, si tenemos a primera vista, a través de los medios informativos y en lo que se escucha en el entorno, es que se percibe en el sector de salud pública, nacional y estatal, un deterioro y declive persistente en la calidad y cobertura de los servicios, carencias perceptibles en el abasto y surtimiento de medicamentos, así como, posiciones encontradas de las instancias federal y estatal y, todo esto, acentuado y evidenciado por la contingencia sanitaria del Covid – 19. [email protected],

    @PR_Avila

    Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACH) y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahu

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