Multan a gasolineras de BC por aliarse para subir precios: El Economista




  • La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas que en conjunto sumaron 51 millones de pesos a empresarios gasolineros de 11 grupos además de 11 personas físicas luego de determinar que cometiera prácticas monopólicas absolutas en Baja California, donde causaron un daño a los consumidores calculado en 27 millones 431,000 pesos. 

    Tras su investigación, la Cofece determinó que las empresas sancionadas pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas, quienes además de 11 personas físicas que actuaron en su representación, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en los municipios de Tijuana y Mexicali.

    La estimación de sobreprecios a las gasolinas provocados por las conductas anticompetitivas fue de al menos 10 centavos por litro en lo que toca a Tijuana, y de hasta 60 centavos por litro en Mexicali, lo que generó un daño al mercado calculado en 27 millones 431 mil pesos. 

    Asimismo, se considera que las conductas sancionadas fueron graves, al haber sido intencionales, además de generar una afectación directa a los consumidores que utilizan vehículos automotores, así como a otros sectores que utilizan este bien como insumo, como el transporte público y de mercancías.

    El Pleno de la Cofece también concluyó que la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en su circunscripción de Baja California, además de la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido en las conductas anticompetitivas mencionadas.

    La Cofece explicó que estas prácticas consistieron en acuerdos entre competidores para mantener los precios de las gasolinas en el precio máximo determinado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

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