Pide Senadora cancelar consulta patito





  • ·         Las consultas a modo han hecho mucho daño a México

     

    CIUDAD DE MÉXICO, A VIERNES 20 DE MARZO DE 2020.- La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, solicitó al gobierno federal que cancele la consulta ciudadana para la permanencia o no de la empresa cervecera Constellation Brands, ya que es ilegal, además de irresponsable realizar este tipo de ejercicios, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

    “Proponemos que se cancele de forma inmediata toda consulta pública ya que implica no asumir con toda seriedad, las recomendaciones y señales que el mundo le da a México.

    “Además, debemos diseñar un plan para decretar la emergencia económica en el Estado y adoptar medias a favor de las personas y sus vidas, de las familias y su seguridad, de las empresas y del futuro de Baja Califonia”.

    Estas consultas a modo, que tanto han dañado a México en el ámbito económico además de ser ilegales, son hoy irresponsables. Irresponsables porque desde principios de marzo la Organización Mundial de la Salud determinó que el coronavirus (Covid19) es una pandemia mundial.

    Las medidas que ha tomado, o que ha dejado de tomar la autoridad federal ante la pandemia que estamos padeciendo, han sido tardías, por lo que los gobiernos de algunos estados se están viendo obligados a tomar decisiones drásticas.

    “Pero vemos que aquí, en Baja California, no pasa nada”, aseveró la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República.

    Gina Cruz explicó que la consulta popular es un mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulada por la Ley Federal de Consulta Popular y siempre deberá ser convocada por el Congreso de la Unión, no habiendo excepciones a esta regla.

    De forma tal que si el titular del Ejecutivo Federal anuncia una consulta popular, no sólo incurre en una práctica demagógica para engañar a la ciudadanía, sino que, de manera más grave aún, viola la Constitución, apuntó la Senadora.

    El artículo 35 fracción VIII numeral 1o de la Constitución prevé que las consultas populares serán “convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

    “c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

    “Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión”.

    Tal es el caso del anuncio hecho por el presidente López Obrador el pasado 9 de marzo, donde indicó a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo dicha consulta sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, la cual representa una inversión de aproximadamente 1 mil 500 millones de dólares y la creación de más de 34,000 empleos.

    “Este anuncio implica una seria violación al Estado de derecho en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, viola abiertamente la soberanía del Estado de Baja California, y, en segundo lugar, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

    Gina Cruz mencionó que, con este anuncio, el presidente de la República repite el lamentable dislate de la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), cuya cancelación ha tenido consecuencias devastadoras sobre la economía.

    Adicionalmente, en el ámbito local, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California prevé el mecanismo de democracia directa llamado consulta popular, en el artículo 73 Bis, en el cual se establece que la consulta popular sólo puede ser solicitada por autoridades locales o por la ciudadanía y no por una autoridad federal.

    Gina Cruz señaló que el artículo 73 bis 7 de la Ley de Consulta Popular del Estado de Baja California prevé que no podrán ser materia de consulta popular los actos de limitación a la propiedad particular, tal es el caso de la planta cervecera.

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