Dañar edificios públicos será delito en propiedad ajena




  • Tijuana, B. C., miércoles 10 de enero del 2018.- En sesión de trabajo la Comisión de Justicia (CJ), que preside la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), aprobó con 4 votos a favor y una abstención del legislador Luis Moreno Hernández reformar el artículo 228 TER del Código Penal del Estado, mismo que trata sobre la agravación de la pena para el delito de daño en propiedad ajena,  con el propósito de incluir un cuarto supuesto que sería el daño a edificios públicos. 
                Con dicha modificación, los integrantes de la CJ avalan que se imponga prisión de 3 a 9 años y hasta mil días de salario multa, a quienes deterioren o destruyan edificios públicos. La inicialista, Bentley Duarte argumentó que dichos inmuebles representan el lugar de trabajo de los distintos órganos de gobierno y su perjuicio lesiona la prestación de servicios públicos, además de que se afecta el patrimonio de la colectividad.
     
    Cabe mencionar que en el referido artículo se castiga actualmente a quienes afecten inmuebles de instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, parques y jardines públicos, así como bienes del patrimonio cultural.
     
    Esta Comisión también avaló una iniciativa de la legisladora Alfa Peñaloza Valdez, con 5 votos a favor y cero en contra, a fin de modificar el antepenúltimo párrafo del artículo 242 bis del Código Penal para incrementar penalidades en materia de violencia familiar a quienes atenten contra personas con discapacidad y adultos mayores.
     
    Por otro lado, dieron el sí de forma unánime a una reforma presentada por el diputado José Félix Arango Pérez, que tiene la intención de aumentar la punibilidad para el delito de extorsión, al modificar el mínimo y máximo de la pena para quedar como sigue: “Al que para obtener un lucro obligue a otro a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de siete a doce años y hasta cuatrocientos días multa”. Dicha pena hoy en día es de 6 a 10 años.
     
    Este órgano de trabajo legislativo avaló, asimismo, reformar el citado Código con el propósito de ampliar el delito de abandono de personas, a fin de incluir no sólo a descendientes o a quien tenga el deber legal de cuidar a un adulto mayor, sino en general a cualquier persona que haya sido confiada la guarda y protección del mayor de 60 años, lo cual fue propuesto por el asambleísta Carlos Torres Torres.
     
    También busca sancionar el abandono a quien teniendo el deber legal de su cuidado, confíe a un tercero la guarda y protección de un adulto mayor, pero posteriormente lo someta a condición de abandono, al no proporcionar a ese tercero los elementos necesarios para brindarle su asistencia.
     
    La Comisión de Justicia aprobó con 4 votos a favor y una abstención del diputado Luis Moreno, una iniciativa del legislador Alejandro Arregui Ibarra para reformar los artículos 245 y 246 del multicitado Código, con el objetivo de que se le apliquen de 6 meses a 3 años de prisión y de 200 a 300 días multa, a “quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas”.
     
    Por último, la CJ avaló una reforma que adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 300 del Código Civil de Baja California, cuya inicialista es la diputada Eva María Vásquez Hernández, que está encaminada a la protección de la niñez y adolescencia con derecho a recibir alimentos. Uno de los párrafos que se agrega, es el siguiente:
     
    “Cuando el Juez se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes quienes tienen derecho a recibir alimentos, por parte de quien está obligado a bridarlos, deberá de tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad, continuidad y restitución del derecho. Esta obligación será aplicable aun cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte directa de la Litis que es de su conocimiento”.
     
    Durante la reunión, realizada en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado con sede en Tijuana, estuvieron presentes los diputados integrantes de la CJ Victoria Bentley Duarte, presidenta; Raúl Castañeda Pomposo, quien fungió como secretario, y los vocales Andrés de la Rosa Anaya, Luis Moreno Hernández y Alfa Peñaloza Valdez. También asistió la legisladora Eva María Vásquez Hernández.

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