Emite CEDHBC Recomendación al Ayuntamiento de Tijuana por violaciones a los derechos a la igualdad y al trato digno




  • Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 11/2017 dirigida al Ayuntamiento de Tijuana por vulneraciones a los derechos a la igualdad y al trato digno en agravio de dos integrantes del Cabildo.

    De igual manera, por violaciones al derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión.

    La Defensoría tuvo conocimiento de hechos en los que la representación del XXII Ayuntamiento de Tijuana ha manifestado públicamente expresiones verbales que vulneran el principio de igualdad o no discriminación, así como el uso de lenguaje sexista y no incluyente.

    El 15 de agosto de 2017, V1 y V2 (Regidora y Regidor del XXII Ayuntamiento) interpusieron una Queja ante la CEDHBC en contra del Presidente Municipal en la que señalaron que “han recibido constantemente actos discriminatorios en su contra y agresiones verbales”.

    Según lo expuesto, el 10 de agosto, durante un evento público realizado en la delegación Sánchez Taboada, el Alcalde refirió que los mencionados Ediles “están en contra de todo y que no tienen salida, precisando que ´ningún chile les embona´”; la servidora y el servidor públicos indicaron que la expresión citada tiene una connotación sexual, vulgar y soez.

    La Regidora y el Regidor manifestaron también ser víctimas de una campaña mediática tanto al interior del Ayuntamiento como a través de los medios de comunicación, citando como ejemplo una publicación de un desplegado en un periódico de circulación regional. Dicho mensaje fue signado por una persona que aparece dentro de la nómina del Ayuntamiento como Asesor de la Presidencia Municipal bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios.

    En la mencionada publicación se menciona: “El Cartel de los Sapos ¡En contra de todo y a favor de nada ¿así como?!” destacando comentarios de desprestigio hacia la Regidora y el Regidor.

    Por lo anterior la CEDHBC inició el expediente CEDHBC/TIJ/F/3348/17/1VG por presuntas violaciones a los derechos humanos a la igualdad y al trato digno en agravio de V1 y V2.

    A efecto de conocer la verdad histórica de los hechos la CEDHBC solicitó los informes justificados al Presidente Municipal, a la Síndica Procuradora y a uno de los Asesores del Alcalde, todos del Ayuntamiento de Tijuana. De igual manera, la Defensoría se allegó de las evidencias necesarias a fin de acreditar las violaciones a derechos humanos.

    Del análisis lógico-jurídico de las evidencias que integran el expediente, así como de los diversos pronunciamientos emitidos por el Alcalde, se contó con elementos suficientes para acreditar que en el presente caso existen vulneraciones a los derechos humanos, particularmente al derecho a la igualdad, al trato digno, a la no discriminación y a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión.

    En lo que respecto al derecho a la igualdad, al trato digno y a no ser discriminado, cabe precisar que la igualdad es un principio rector de actuación del Estado así como un derecho humano que se entiende como una prerrogativa que se le reconoce a todas las personas para disfrutar de los derechos establecidos y protegidos por ordenamientos del corpus iuris nacional e internacional que estén de acuerdo con la misma, atendiendo aquellas circunstancias y particularidades que reflejan la individualidad de las personas, siendo este el motivo por el cual es considerado como un derecho vertebral y entraña por sí mismo la no discriminación bajo ninguna circunstancia ni categoría que pueda colocar a una persona en un estado de vulneración en el ejercicio pleno de sus derechos .

    En el Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se establece que el derecho a la igualdad y al trato digno es aquel que tiene todo ser humano a ser tratado en condiciones de igualdad jurídica, social, económica, cultural y de cualquier naturaleza, con pleno respecto a la dignidad humana.

    En el mismo sentido, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

    El derecho a la igualdad y a la no discriminación ha sido materia de revisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que ha considerado la necesidad de concebir dos conceptos respecto de la discriminación, una negativa en cuanto a la prohibición de diferencias de tratos arbitrarios y una positiva, la cual se encuentra ligada con la obligación del Estado de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados .

    Aunado a ello en la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, la cual es una fuente del derecho internacional soft law  se establece que la discriminación es “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.”

    Además establece en su artículo 1.2 que la “discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”.

    Cabe mencionar que si bien el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Presidente Municipal alude que las manifestaciones vertidas el 10 de agosto de la presente anualidad no fueron pronunciados con fines discriminatorios, si infiere que las expresiones de “tipo coloquial” tuvieron como finalidad el dar a entender a los medios de comunicación que V1 y V2 de forma frecuente suelen mostrarse con una postura contraria, indicando que las observaciones se originan dentro de un contexto laboral, afirmación que lejos de propiciar un ambiente de armonía, paz, igualdad sustantiva y respeto, incitan a la discriminación y favorece al ejercicio de malas prácticas que promueven la violencia laboral, entendiéndose esta como una descalificación del trabajo realizado y/o trato indigno.

    Respecto al derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión en relación con el uso de lenguaje incluyente, con perspectiva de género y no sexista, cabe mencionar que el derecho a la libertad de expresión, constituye uno de los pilares de las sociedades actuales y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección , pudiendo ser su ejercicio restringido cuando resulte necesario asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

    Por ello, los distintos órganos que comprenden el sistema interamericano de derechos humanos han reconocido que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios y funcionarias públicas tiene ciertas características y connotaciones específicas, comprendiéndose a que “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”, en este sentido, arribaron a la determinación de que las y los servidores públicos tienen el deber de asegurarse de que al ejercicio de su libertar de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales y sobre todo que sus pronunciamientos no constituyan una injerencia arbitraria directo o indirecta. 

    La expresión “ningún chile les embona” claramente no es una manifestación del ejercicio del Alcalde sino una frase ofensiva que al ser dirigida como “crítica” al desempeño laboral de V1 y V2, trastocan la esfera jurídica de terceros, por lo que lejos de ser una declaración de ideas, figura dentro de las restricciones que la misma comunidad internacional refiere para las y los servidores públicos. El Organismo no puede dejar de señalar que al encontrarse las mujeres en un contexto social e históricamente de desventaja, la citada frase no solo ofende a V1, si no que la agravia doblemente por ser mujer, pues con ella se refuerzan los obstáculos que subyacen a la falta de igualdad sustantiva. El uso de albures  o de lenguaje soez independientemente de lo malsonante, contiene una carga sexista; si bien la estructura gramatical no se considera sexista per se, a través del discurso se reflejan estereotipos de género y se transmiten ideas discriminatorias hacia las mujeres.

    Cabe mencionar que el lenguaje sexista es una forma de discriminación indirecta cuyo impacto no es tangible pero daña la dignidad de las personas y que el lenguaje no es en sí mismo sexista o excluyente, es su uso lo que lo convierte en una poderosa arma discriminatoria.

     

    En las “Recomendaciones para uso no sexista del lenguaje” emitido por la UNESCO se señala que el lenguaje por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad, precisando que la resistencia no es de orden lingüístico, sino social,  por lo que al hacer uso del lenguaje es oportuno hacer un poco de reflexión y de buena voluntad para tratar de evitar en la medida de lo posible términos o expresiones sexistas discriminatorias.

     

    La igualdad sustantiva y la obligación de Estado, como garante de los derechos de las mujeres, de transversalizar la perspectiva de género son  tareas aún pendientes, por lo tanto este Organismo Estatal hace un llamado para que se eviten expresiones que puedan menoscabar la dignidad de las mujeres.

     

    Ante tales hechos, la CEDHBC solicita al Alcalde de Tijuana, Licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, atienda los siguientes puntos recomendatorios:

    PRIMERO. Realice una disculpa pública a V1 y V2 por los pronunciamientos realizados en los que se vulneró el derecho a la igualdad y al trato digno, enviando a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.

    SEGUNDO. Adopte las medidas necesarias para que en el ejercicio de su función pública y bajo la envestidura de Presidente Municipal evite el uso de un lenguaje sexista, estereotipado y no incluyente, promoviendo en su discurso público el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos.

    TERCERO. Realice las acciones necesarias para que se lleve a cabo el diseño e implementación de un programa de educación, formación y capacitación sobre derechos humanos a la igualdad sustantiva, el uso del lenguaje no sexista, incluyente y no discriminatorio con perspectiva de género en la actuación de la administración pública, el cual sea dirigido a todas y todos los servidores públicos que conforman el XXII Ayuntamiento de Tijuana, incluidos aquellos que se encuentran bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, enviando a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

    CUARTO. Emita una circular en la que se instruya a todo el personal a su cargo a que garanticen en todo momento el respeto de los derechos humanos de toda persona, la dignidad humana y se abstengan de realizar cualquier acción discriminatoria o que atente en contra del derecho a la honra, enviando a este Organismo Estatal pruebas de su cumplimiento.

    QUINTO. Realice una campaña de difusión a través de los medios correspondientes a fin de promover el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al trato digno, enviando a esta Comisión Estatal evidencias de su cumplimiento.

    Cabe destacar que la Recomendación ya fue debidamente notificada a la autoridad señalada como responsable. En caso de no ser aceptada, la Comisión Estatal de acuerdo a sus atribuciones podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que explique el motivo de su negativa.

    La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reitera su compromiso absoluto en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas en Baja California. 

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