UMBRAL PÚBLICO. DEUDA PÚBLICA: PANACEA PRIMERO, PENURIA POSTERIOR




  • En 2021, la mitad de las gubernaturas, quince de ellas, de un total de 32, renuevan a sus titulares y el problema más serio, financieramente hablando, es la deuda de corto plazo, en números redondos, dejarán deuda por 29 mil millones de pesos, misma que deben de pagar antes de que termine su período constitucional. Es el tema más delicado y de mayor reto que enfrentan dichas entidades federativas.

    De esa manera lo expresó el titular de la Secretará de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, del gobierno federal, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, en días anteriores.

    Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, los gobiernos estatales deben de cubrir sus deudas de corto plazo, tres meses antes de terminar su gestión administrativa; en su artículo 30 fracción II, dice lo siguiente “Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses”

    Es importante señalar que estas disposiciones acotan la discrecionalidad de endeudamiento durante y al final de una gestión de los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de evitar que realicen operaciones que comprometan la continuidad de programas o el equilibrio de las finanzas públicas.

    Conforme a información de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California la deuda directa del estado, al 30 de junio de 2020 ascendía a 10,315,151 miles de pesos, la deuda Total Directa e Indirecta a esa misma fecha era por 17,684,834 miles de pesos. Se excluye la presentación del importe de $2,091,442 miles de pesos, correspondiente a "Cupón Cero".

    Para darnos una idea de la magnitud de la deuda pública, y su proporción del PIB, en lo que le corresponde al Gobierno federal (México evalúa), en el primer trimestre de 2006, el monto ascendió a 1,997,106 millones de pesos y representaba el 20 por ciento como porcentaje del PIB ( Administración Presidente Fox); para el primer trimestre de 2009, la cifra creció a 3,627, 973 millones de pesos y representó el 31% como porcentaje del PIB, pero la tasa anual de crecimiento fue de 75% anual, en el resto de los trimestres de ese año fueron de 77,2%, 76.5, y 46.0 las tasas anuales de crecimiento, lo que significa que son mayores a dos veces la tasa de crecimiento del PIB (.Administración Presidente Calderón); Para el primer trimestre de 2015 el monto de deuda fue de 7,115,646 millones de pesos y representó el 40% como porcentaje del PIB (.Administración Presidente Peña Nieto) y para el cuarto trimestre de 2019 la cifra fue de 11,027,395 y correspondió al 44.7% como porcentaje del PIB (.Administración Presidente López Obrador).

    Los datos anteriores nos dicen que la tendencia de crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB (corriente), lleva un crecimiento de 10 puntos y en la actual administración pública federal, va en ese mismo sentido.

    La gran dimensión del gasto presupuestal para cubrir las obligaciones financieras, se observa en el servicio de la deuda, en el ámbito federal, en el presupuesto de egresos de la federación PEF 2018, último del presidente Peña Nieto, se presupuestó un monto de deuda pública por un monto de 473,126,225,003 pesos, cifra que duplica el gasto de educación en todo el país 280,969,302,366 y casi cuadriplica el de salud 122,557,337,320 pesos. Para el año de 2019, primero de AMLO, el monto presupuestado para deuda pública ascendió a 542,962,336,884 pesos.

    En nuestra opinión, pareciera ser que, ha habido en los distintos niveles de gobierno un uso como fuente de financiamiento gubernamental de la deuda pública, con un manejo quizá no muy apropiado en su contratación, con condiciones crediticias no tan favorables, se han comprometido obligaciones financieras para las próximas administraciones, muestras de impericia en su reestructuras y crecimiento de las obligaciones financieras que dislocan las finanzas sanas.

    Por otra parte, la deuda pública, no ha tenido una repercusión directa y contundente en el crecimiento y el desarrollo económico, en una mejor oferta en programas de educación y en salud, en la disponibilidad de agua potable, en optimizar los servicios públicos y en el abatimiento de los niveles de pobreza. pravilacota11@gmail.com,

    @PR_Avila

    Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACH) y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua

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