UMBRAL PÚBLICO. LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN




  • En México se usa el término “chicanear” o “hacer una chicana” para referirse a las habilidades de un mecánico para reparar temporalmente una parte de una pieza de un vehículo o cuando se repara, de la misma manera, un desperfecto del hogar, ésto, sin las herramientas o partes adecuadas. También, se le llama chicanero a la persona desleal, dilatoria o dada a evasivas y artimañas, se aplica, asimismo, a quien procede de manera igual en negocios de diversas índoles.

    Esto viene a colación porque se difundió que la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), declaró que ya se cambiaron las reglas del juego, que ya no se permitirá el “chicaneo” fiscal, ni se tolerará a los evasores fiscales. Que hay un cambio de cultura fiscal y que eso implica que todos los contribuyentes se apeguen a la ley y que cumplan con sus obligaciones, las reglas son: que todo mundo debe pagar impuestos. También comentó que no hay terrorismo fiscal y que los contribuyentes no deben de preocuparse por actos de corrupción dentro del SAT, dijo que su equipo de trabajo está conformado por gente honesta.

    Estas declaraciones, sobre todo las de terrorismo fiscal, tienen su raíz en los pagos reparatorios, realizados por varios consorcios empresariales, algunos de ellos, al parecer derivados de actos de cobro por omisión de pago de impuestos, realizados mediante querellas presentadas en días anteriores, por la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es el organismo encargado de defender legalmente los intereses de la Secretaría de Hacienda.

    Según salió a la luz pública, en esta situación al parecer se encuentran empresas denunciadas por omitir el pago de Impuesto Sobre la Renta, y que, para hacer la reparación, han realizado pagos para ponerse al corriente con hacienda.

    Otras de estas empresas, ventiladas públicamente, realizaron pagos extraordinarios al SAT, ya que habían dejado de tributar por haber adoptado el régimen opcional de grupo, esquema que prosiguió a la de consolidación fiscal. En situación similar, al parecer acontece con otras empresas importantes del país.

    Finalmente, la titular del SAT comento respecto a una posible reforma fiscal, que ella consideraba que no era necesaria, ya que actualmente, había créditos fiscales en litigio, por 1.2 billones de pesos.

    Una opinión muy generalizada refiere a que quizá algunas empresas, con el propósito de optimizar sus negocios, buscan y también, reciben propuestas de despachos fiscalistas para reducir sus cargas impositivas, pero también, se pudiera dar el caso, de que funcionarios hacendarios, se prestan a encontrar alternativas con ese mismo fin; todo esto, envuelto en una percepción, por parte de la población, de posibles actos de corrupción.

    En este mismo sentido, el INEGI, difundió recientemente nota técnica, con los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, donde se arroja información sobre la percepción de la población, respecto del fenómeno de la corrupción y las experiencias que han tenido al realizar pagos, efectuar trámites y solicitudes de servicios públicos, así como, con el contacto con las autoridades, durante 2019, y cuyos puntos sobresalientes, son los siguientes:

    · Prevalencia de la corrupción, en 2019, a nivel nacional, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes, en 2017, la cifra fue de 14,635.

    · Pero, la tasa de personas, a la cual algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites que realizó, bajo de 47,513 en 2017, a 44,199, en 2019.

    · En Baja California, la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes presenta un cambio positivo, ya que disminuye de 13,757 víctimas en 2017, a 11,330 en 2019.

    · En Chihuahua, la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes presenta también un cambio positivo, ya que disminuye de 15,633 víctimas en 2017, a 9,381 en 2019.

    · Mientras que, en Sonora, también se presenta una reducción de 15,158 víctimas en 2017, a 12,562 en 2019.

    · No obstante, las reducciones anteriores, las cifras siguen siendo significativas de la prevalencia de actos de corrupción a nivel nacional y en los estados referidos.

    Ante la situación actual prevaleciente, donde la operación de la emergencia sanitaria requiere decisiones y actuaciones agiles, donde los programas de apoyo deben ser

    expeditos, se requieren también políticas públicas transparentes y con rendición de cuentas.

    Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACH) y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua

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