UMBRAL PUBLICO. REPERCUSIONES ECONOMICAS DE UNA POTENCIAL PANDEMIA




  • El Sistema Nacional de Salud en nuestro país está integrado por una combinación de instituciones públicas y privadas, que en su conjunto deben brindar a la población la accesibilidad a la salud y la prestación de servicios de calidad; es decir, instancias públicas, federales, estatales, de los ámbitos privado y social, proporcionan servicios de salud a la población, donde la Secretaría de Salud Federal funge con la función rectora del referido sistema.

    En el caso del sector público, este se encuentra dividido y segmentado, primeramente, conforme a su propósito, dividido en instituciones públicas de seguridad social e, instituciones públicas de protección social en salud; en el primer caso, están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubre aproximadamente al 39% de la derechohabiencia, el ISSSTE que cubre alrededor del 7% y Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y otras entidades cubriendo específicamente a su personal. En el caso de instituciones públicas de protección social en salud, las personas que trabajan en el empleo informal o desempleadas, tienen como alternativa los servicios que ofrece la Secretaría de Salud (SSA) a través del Seguro Popular, hoy INSABI, con una atención de cerca del 50%.

    Para cumplimentar lo establecido en el Artículo Cuarto constitucional, donde se refiere que: toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Administración Pública Federal, presupuestó y se aprobó por el Congreso de la Unión, para el Ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos de la Federación un gasto programable de $128,826,414,373 pesos, más los recursos que son canalizados a las entidades federativas a través del Ramo 33, que en el caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), son del orden de $103,371,546,526 pesos.

    Todo el anterior entramado de financiamiento público a la salud, que no incluye los considerables presupuestos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni de otras instituciones como los presupuestos para salud de PEMEX, las fuerzas

    armadas y la Marina; representa, quizá después de la educación pública, el mayor rubro de gasto público. Sin embargo, se carece de la eficiencia y eficacia para la atención con calidad en la salud pública, insuficiente abasto y provisión de medicinas y no cuentan con cobertura en salud, un número aproximado de 20 millones de personas.

    Hace falta fortalecer en mayor medida los pilares de la salud pública: la cobertura, la calidad, el abasto de medicamentos y el financiamiento.

    Para complicar este panorama, surge una posible pandemia por el avance del coronavirus, denominado COVID-19, que de epidemia regional en China, avanza hacia diversas latitudes provocando, entre otros efectos: un retroceso en el pronóstico de crecimiento en China y su impacto decisivo en la economía mundial al ser quizá el mayor exportador y de los más altos importadores, caída en los índices de Wall Street y bolsas de valores como la de México, afectaciones al turismo mundial, así como, variaciones en los tipos de cambio.

    Ante este escenario, en el país ¿se ha formulado y socializada una estrategia nacional de prevención y atención?, ¿los protocolos están dispuestos para activarse?, ¿los preparativos son pertinentes y suficientes por una posible contingencia de magnitud extraordinaria? y, ¿dado que no se tenía prevista, se cuenta ya con una suficiencia presupuestal definida?

    Mtro. Pedro Rafael Ávila Cota

    Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACH) y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua. pravilacota11@gmail.com

    @PR_Avila

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