AL FILO DE LA NAVAJA. ARDE AMÉRICA LATINA




  • Las masivas movilizaciones de pobladores e indígenas en Ecuador en contra de las medidas neoliberales impuestas por el presidente Lenin Moreno, principalmente la eliminación de subsidios a los combustibles, medida que impactó directamente en el precio de la gasolina y de otros productos, arroja un saldo de 23 muertos, 715 heridos y 503 detenidos.

    En Chile, el presidente Sebastián Piñera, neoliberal, decidió subir el precio del pasaje del Metro en Santiago de Chile llegando a 830 pesos (US$1,17 por viaje). En protesta, cientos de jóvenes saltaban los torniquetes, lo que provocó una dura represión por los Carabineros, de mala memoria en la dictadura pinochetista.

    La represión encendió la mecha, como sucedió en el México 68 cuando un grupo de Granaderos del entonces DF reprimió violentamente un pleito en entre estudiantes de vocacional del IPN y preparatorianos de la UNAM, que derivó en el Movimiento Estudiantil-Popular que terminó en la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco.

    Regresando a Chile, la joya del proyecto neoliberal en el Continental, impuesto a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, la medida derivó en crecientes protestas, llegando el gobierno a establecer el estado de emergencia mediante el despliegue de carabineros y militares, imponiendo el toque de queda.

    El 25 de octubre, en desacato a las medidas gubernamentales, más de un millón de chilenos salieron a las calles a protestar no sólo por la represión y el aumento a la tarifa del Metro, sino contra el programa neoliberal impuesto por el gobierno, que ahondó la brecha entre la burguesía y las clases media y proletaria, cada vez más empobrecidas por esas políticas. El saldo: 23 muertos, dos mil 365 heridos, 170 personas con problemas derivados de proyectiles que recibieron en los ojos y 15 mil detenidos.

    Estábamos en esas cuando estalla el conflicto en Bolivia, el país del Continente con el mayor crecimiento económico y el desarrollo social más alto de la región durante la gestión de Evo Morales, indígena aymara, mediante el abatimiento de la pobreza, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, avances económicos y sociales reconocidos por la ONU. Evo Morales nacionalizó los recursos naturales, petróleo, gas y litio (la mayor reserva del mundo, necesaria para la fabricación de baterías para celulares, computadoras y autos eléctricos) y se fabricó el primer vehículo eléctrico de América Latina. Fue demasiado para la oligarquía.

    Un supuesto fraude electoral, en versión de la oposición de derecha, detonó el conflicto, alegando que el triunfo de Evo era insuficiente para evadir la segunda vuelta electoral en la búsqueda de su tercera reelección.

    El gobierno de Evo no calculó que fuerzas políticas externas encabezadas por la Embajada de los EUA y la oligarquía local, tenían preparada una asonada para provocar caos y crisis política, con el apoyo de la cúpula militar, mediante una agresiva campaña mediática y la complicidad de la OEA de Luis Almagro, caracterizando al presidente Morales como “dictador”, campaña que polarizó y dividió a la opinión pública. El objetivo: apropiarse del preciado litio, el “oro blanco”.

    La represión del gobierno de Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta, blanca, burguesa, racista y cristiana, busca revertir los avances sociales, menospreciando la identidad indígena en una Bolivia laica y pluricultural, para reinstaurar el capitalismo neoliberal con Biblia en mano, gobierno reconocido de inmediato por los EUA y por Bolsonaro.

    Al exigir por el ejército la renuncia del presidente Morales (el ministro de la defensa, el Gral. Kaliman, comprado con un millón dólares) e imponer a la senadora Áñez, cuyo partido tiene sólo cuatro de 130 senadores, sin legitimidad y votaciones de por medio, rompiendo el orden constitucional, se configura otro GOLPE DE ESTADO más en América Latina con el sello EUA, provocando la movilización popular e indígena. El saldo: 32 muertos, 770 heridos y mil 364 detenidos, incluido el ataque a la caravana fúnebre de indígenas asesinados.

    En Haití, de septiembre a principios de noviembre, la ONU contabilizó 42 personas muertas, 86 heridas y “una cantidad excesiva de detenidos”, derivado de las protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a quien consideran incapaz de resolver los problemas sociales de esa nación.

    En Colombia, recién iniciaron masivas protestas contra el presidente Iván Duque, a raíz de la huelga convocada por las centrales obreras contra las neoliberales reformas de pensiones, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    En respuesta, el gobierno de Duque militarizó el país, acuarteló al ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para "mantener el orden", imponiendo el toque de queda.

    En contraste, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, obteniendo un abrumador triunfo en 2018, encabeza una fuerza política que se declara contraria al neoliberalismo, es hoy combatido por fuerzas conservadoras abanderadas por el PAN. En Argentina triunfa el peronista Alberto Fernández, antineoliberal y en Venezuela, Maduro resiste.

    EN CONCLUSIÓN, hay un avance del conservadurismo en América Latina que instala en el poder a gobiernos neoliberales mediante el voto popular. En contraste, hay una fuerte resistencia de sindicatos, pueblos indígenas y sectores populares que se movilizan en el Continente en contra del proyecto neoliberal como principal causante de la desigualdad social, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro ambiental, el narcotráfico, la violencia criminal, la corrupción y la impunidad.

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste


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