¿NUEVA REFORMA POLÍTICA?




  • En los últimos años, sobre todo tras las elecciones de 1988 y de 2006, México ha sufrido diversas reformas políticas cuyo objetivo es perfeccionar la democracia electoral ante fuertes protestas por sospechas de fraude electoral. La percepción general es que aún no damos el estirón, que el sistema de partidos se resiste a dar el salto mortal para erradicar de una buena vez los vicios tradicionales de la partidocracia y el derroche de recursos en una de las democracias más caras del mundo.  

    Es evidente que las y los representantes al Congreso federal y a las legislaturas locales responden casi siempre a los intereses de los gobernantes, de las dirigencias de los partidos que los postularon y de los poderes fácticos, más que a los intereses de quienes los eligieron. Por ello, el avance democrático se da cediendo a cuenta gotas al descontento social. 

    El sistema electoral mexicano se basa en la desconfianza: al INE, a los organismos públicos locales electorales (OPLES), a los tribunales electorales federal y estatales, a los partidos políticos, a los representantes de los partidos, a los funcionarios de casilla… lo que obliga a establecer medidas y candados legales que encarecen extraordinariamente los procesos electorales, además de las prerrogativas entregadas a los partidos con registro legal. 

    Las prerrogativas se dividen esencialmente en dos partes: para el sostenimiento de la estructura y operación de los partidos y para el proselitismo en las campañas electorales. Recientemente, el INE ha proyectado para el año 2020 un presupuesto a los partidos que asciende a la friolera de 5 mil 239 millones mil 651 pesos, a la que se agrega una suma similar que aportarán los OPLES. ¡Más de 10 mil millones de pesos en un año! Obviamente, este presupuesto debe ser aprobado o rectificado por los poderes legislativos, que tradicionalmente responden a la línea marcada por el Mandatario en turno. ¿Será lo mismo en la 4T? 

    Ante el derroche de recursos, el Presidente López Obrador, bajo su política de austeridad, ha hecho un llamado a los partidos políticos, Morena incluido, para que rebajen sus prerrogativas al 50 por ciento; en caso de aprobarse la fabulosa cantidad arriba señalada, que regresen a la SHCP la mitad de esos ingresos. 

    Derivado de los usos y costumbres de la partidocracia mexicana, el financiamiento público a los partidos responde a un objetivo central: evitar mediante fuertes sanciones administrativas y penales, que el sostenimiento de las estructuras, de las actividades de los partidos y sobre todo de las campañas electorales, sean financiadas preponderantemente con recursos privados, sobre todo con dinero de procedencia ilícita, sea mediante el desvío del presupuesto público o con dinero proveniente de los poderes fácticos, como las empresas nacionales y extranjeras o, de plano, la delincuencia organizada, que cobra caros sus favores, principalmente en el ámbito municipal. En teoría, el financiamiento público es uno de los mecanismos para prevenir que intereses oscuros influyan en los resultados electorales. Pero es mucho dinero en un país pobre y con grandes dificultades económicas. 

    Plantear una nueva Reforma Política no tiene que ver sólo con reducir el financiamiento público a los partidos bajo el sello de la austeridad y la anticorrupción como ejes centrales del gobierno de AMLO y su 4T. Si en verdad se pretende democratizar los procesos electorales en México deben replantearse algunas de las siguientes propuestas, que por supuesto generan gran polémica: 

    Una vigorosa reforma estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) como garante de los derechos político-electorales, del derecho de asociación política, de la libertad de expresión, de la pluralidad de las corrientes ideológicas y de la voluntad popular, que contemple entre otras ideas: 

    Fortalecer su autonomía y su perfil ciudadano; 

    Replantear su estructura programática, organizativa y administrativa mediante una reingeniería electoral; 

    Reducir el número de integrantes del Consejo General y sus ingresos, y 

    Garantizar que los consejeros electorales no sean electos por el Congreso mediante las consabidas cuotas partidistas. 

    Implementar el voto electrónico representaría un importante ahorro económico al dejar de recurrir a un ejército de supervisores y capacitadores electorales contratados en cada proceso electoral federal y/o local, así como de papelería, infraestructura, etc.; 

    Desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLES), que son los institutos electorales estatales. El INE cuenta actualmente con la experiencia, la capacidad, la estructura orgánica, operativa y financiera suficientes, a través de sus Juntas Locales y de los Consejos Locales Electorales en cada entidad, capaz de desarrollar íntegramente las elecciones federales y locales en los estados, más ahora que se llevan a cabo elecciones concurrentes en casi todas las entidades. Esta medida representaría, también, un importante ahorro económico al evitar la duplicidad de funciones, y 

    Desaparecer los tribunales electorales estatales. Hoy en día, todos los recursos jurisdiccionales a los que acuden los actores políticos en defensa de sus derechos político-electorales recaen en los tribunales electorales estatales e, invariablemente, los asuntos terminan en la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la última palabra. Otro gran ahorro de recursos públicos. 

    En síntesis, estamos ante una nueva oportunidad de dar un paso trascendental en materia de democracia electoral, no sólo de ahorro presupuestal. Para ello, se necesitan altas dosis de voluntad política y de visión de Estado en el gobierno central y el Poder Legislativo. ¿Podrán hacerlo?   

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste  

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