AL FILO DE LA NAVAJA. LA OLVIDADA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS EN BC




  • La gubernatura de dos o cinco años en Baja California, con un fuerte debate por la llamada “Ley Bonilla”, que sin duda resolverá la SCJN, ocupa hoy los primeros planos en la agenda nacional y local, opacando otros temas no menos importantes en la entidad y el país.

    Hay asuntos importantes en materia de derechos humanos que el gobierno estatal y la legislatura de BC han omitido. Algunos de ellos:

    1.- La designación de titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Desde mayo pasado, la legislatura local debió haber culminado este proceso. Hay siete aspirantes esperando desde hace dos meses –como lo establece la ley- que el Congreso local cumpla con su responsabilidad, pero todo parece indicar que dejarán la decisión a la siguiente legislatura, que entrará en funciones el 1 de agosto. El reto es que la designación no esté partidizada, negociada de antemano entre las fuerzas políticas, lo que sería veneno, restándole autoridad moral y autonomía a la institución garante de los derechos humanos en la entidad.

    2.- El tema migratorio sigue candente y sin una solución humana y justa para miles de migrantes nacionales y extranjeros por parte de las autoridades mexicanas. El asunto se agudiza por la política nacional de ceder soberanía, aceptando las condiciones de la administración Trump de ser México, en los hechos, “tercer país seguro”, para impedir que migrantes centroamericanos ingresen a territorio estadunidense, utilizando para ello a la Guardia Nacional en nuestras fronteras haciendo las veces de agentes migratorios de los Estados Unidos, además, aceptando que solicitantes de asilo en el vecino país esperen en territorio mexicano por la decisión de los jueces estadunidenses, viviendo en condiciones indignas de marginación en nuestro territorio. Crítica la situación de menores no acompañados. Al margen de las expresiones xenófobas de sectores de la población y de autoridades locales, las personas en contexto de migración, aun siendo extranjeras, gozan de todos los derechos que ampara nuestra Constitución. ¿Difícil de entender?

    3.- La demanda por el derecho al agua crece gradualmente, sobre todo por las Resistencias de Baja California. Los asuntos vinculados a la Constellation Brands, a la Desaladora de Rosarito y a las Asociaciones Público-privadas, bajo fuertes sospechas de negocios ilícitos, debe ser resuelto de manera transparente y democrática por autoridades de los tres órdenes de gobierno, a riesgo de que se desborde un conflicto mayor.

    4.- Un tema por demás crítico es el de la impunidad, sobre todo de delitos graves como la desaparición forzada, la desaparición por particulares y la tortura. A duras penas Baja California ha comenzado un proceso de armonización de su legislación con las normas federales y los estándares internacionales en estos temas, asuntos por demás dolorosos para las víctimas directas y para familiares como víctimas indirectas. Recién se han instalado en la PGJE las fiscalías especializadas para investigar los casos de personas desaparecidas y torturadas, y de

    que se ha creado una Comisión Estatal de Búsqueda, pero los resultados han sido pobres. Difícilmente se encuentran a las personas desaparecidas y difícilmente se vincula a proceso a perpetradores de tortura. Un ejemplo de impunidad es el Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez que, aunque posea gran popularidad por sus métodos violentos para combatir el delito, cuenta en su haber con 24 denuncias penales por tortura y homicidio ante la PGJE de Baja California y, extrañamente, después de 10 años de haber sido denunciado, ninguna de ellas ha sido consignada ante los juzgados correspondientes.

    5.- La designación de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de BC. La Ley de Víctimas del Estado fue aprobada este año por el Congreso local, sin embargo, después de dos Convocatorias declaradas desiertas por el Ejecutivo Estatal para presentar a la legislatura la terna correspondiente, dicha Comisión Ejecutiva sigue sin titular. Este asunto es de particular importancia porque esta dependencia es la encargada de la Reparación Integral del daño a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el estado.

    6.- No hay política indigenista en Baja California, tanto para los pueblos originarios nativos como para los que emigran de otros estados de la República. Los nativos, sus culturas y sus lenguas, han entrado en período de extinción. Y los inmigrantes, en su mayoría jornaleros agrícolas, a pesar de la explotación de su mano de obra barata y de sus luchas históricas en San Quintín, siguen sufriendo condiciones parecidas a la época porfirista a manos de rancheros privados, bajo complicidad oficial.

    Los derechos humanos no son muy populares, pero no por ello menos importantes, quizá no para el ciudadano común pero sí para las víctimas de violaciones a los derechos humanos (víctimas de allanamientos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, falsa acusación, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial; de violaciones al derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda y otros) y de omisiones y desvíos en la procuración e impartición de justicia, que no encuentran justicia, verdad y paz en las instituciones del Estado, recurriendo al último eslabón de defensa como son los organismos públicos de derechos humanos, hoy llamados “ombudsperson” y a las organizaciones civiles y activistas de derechos humanos.

    Agenda pendiente para la legislatura local y para Jaime Bonilla, próximo gobernador de Baja California, de dos o cinco años…

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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