AL FILO DE LA NAVAJA. LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN BC




  • La tortura es un flagelo que recorre al mundo. Es un método utilizado por autoridades civiles y militares para obtener una confesión o como método de castigo. En la legislación local e internacional se reconocen actos de “tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.

    La tortura se registra desde la detención en la vía pública, en el domicilio de las personas (detenciones arbitrarias o ilegales y allanamientos), en vehículos oficiales y en centros de detención como reclusorios, centros de tratamiento para menores, separos municipales y ministeriales, estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos y asilos para ancianos.

    En múltiples actos de tortura se documentan otros abusos como la violación a la presunción de inocencia de los detenidos, la siembra de evidencias (drogas y armas), la falsa acusación para fabricar culpables y las violaciones al debido proceso (en México, hasta hoy, no se realiza un registro de personas detenidas por autoridades civiles y militares, no se leen los derechos a los detenidos, no se presentan a éstos de manera inmediata ante la autoridad correspondiente y suelen ser incomunicados sin acceso a llamadas telefónicas, a su abogado y/o a persona de su confianza, contrario a lo que establece la ley).

    No hay una definición universal de tortura, pero tanto en la legislación nacional como en la internacional se distinguen tres elementos fundamentales:

    ·         la imposición, de forma intencionada, de dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental,

    ·         cometida por un funcionario público, que esté directa o indirectamente involucrado,

    con un propósito específico.
    La tortura no necesariamente persigue provocar un daño físico, moral o psicológico a las víctimas, pero se utiliza por autoridades para intimidar y coaccionar, para obtener información o una confesión o para o inculpar a terceras personas, y sustituye los métodos de investigación legal, imparcial y científica.

    La tortura quiebra la moral, las resistencias físicas y psicológicas y la voluntad, y anula la personalidad y la dignidad de las víctimas; más grave aún es la tortura sexual.

    Por lo general, en México, no se consignan o vinculan a proceso por el Ministerio Pública las denuncias por tortura presentadas por las víctimas o sus familiares y son escasas las sentencias por este delito emitidas por los jueces, existiendo un grave problema de IMPUNIDAD. Además, la desaparición forzada de personas es común que vaya asociada a la tortura. Hasta hoy, no se resuelven ni una ni otra.

    La prevención de la tortura en BC

    Baja California no se salva de que en la entidad autoridades de los tres órdenes de gobierno practiquen este aberrante e ilegal método de investigación y de castigo y de que estos delitos no se consignen por el MP, a pesar de que México ratificó y es Estado Parte de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de la ONU, y de su Protocolo Facultativo que establece un MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNPT); de la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, y de la “Ley Nacional de Ejecución Penal”.

    En este contexto, los días 16 al 18 de enero pasados, auspiciado por la UNIÓN EUROPEA, en la Universidad Iberoamericana CdMx-Tijuana, se llevó a cabo el Taller y Mesa de Trabajo para el “Desarrollo de Capacidades para la Prevención y Documentación de la Tortura en el Noroeste de México”, organizado por Documenta, A.C., la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), la CNDH, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de BC y la Ibero CdMx-Tijuana.

    En este Taller se expusieron diversos temas dirigidos a periodistas, a funcionarios de las áreas de Seguridad y Justicia, a colectivos y víctimas de violaciones a los DDHH, ONG, activistas, profesionistas, académicos y estudiantes, impartido por los expertos María Sirvent, Ángel M. Ferrer y Roberto Cortéz de “Documenta”, A.C.; Juan Carlos Gutiérrez de “I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos”, A.C.; Silvano Cantú, del “Laboratorio para la Innovación para la Paz”, A.C.; Marcela Méndez del “Centro Nacional de Comunicación Social”, A.C. (CENCOS), Araceli Olivos, del “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., Emmanuel Santos del “Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad”, A.C. (CCTI) y Raúl Ramírez Baena de la CCDH.

    Además, Melba Adriana Olvera, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Thalía Viveros, de la CNDH, y Patricia Iglesias, del MNPT.

    Mención especial merecen Gilberto Cota Alanís, Director de Derechos Humanos de la PGJE de Baja California, y Heriberto García, Coordinador de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, quienes acudieron los tres días al evento junto con funcionarios de estas dependencias, así como Oscar Loza e Irene Santos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, A.C.

    Este evento se desarrolló a iniciativa de Documenta y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, con el apoyo de la Unión Europea, en el marco de un programa de 3 años dirigido a crear un mecanismo de prevención y documentación de la tortura en los centros de detención de BC, por lo que actividades con dependencias y organizaciones de la sociedad civil seguirán desarrollándose en el futuro.

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste


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