AL FILO DE LA NAVAJA. La Seguridad Pública y las víctimas




  • NO HAY PACIFICACIÓN SI HAY MILITARIZACIÓN 

    PRINCIPIO FUNDAMENTAL: La Seguridad Pública es un Derecho Humano garantizado en México por el artículo 21 Constitucional. En consecuencia, las políticas de Seguridad Pública deben diseñarse con enfoque de género y de derechos humanos. 

    El próximo gobierno debe implementar formas distintas de enfrentar el crimen, la violencia y la inseguridad. A saber: 

    Desmilitarizar la Seguridad Pública. - Además de ser a todas luces anticonstitucional, el sector militar, que merece el mayor de nuestros respetos, no está facultado ni capacitado para prevenir, investigar y perseguir los delitos. Su formación consiste en abatir al enemigo a través de las armas, y la persecución del delito no es una “guerra” donde no hay “enemigos”, hay presuntos infractores de la ley. No es igual defender la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior que prevenir la comisión de los delitos, proteger la integridad, la vida, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas, y mantener el orden público y la paz social. Todas estas funciones a cargo de las policías preventivas son dirigidas a salvaguardar derechos civiles, por lo tanto, las corporaciones policíacas son defensoras de los derechos humanos y promotoras de la paz, que es también un derecho humano. 

    La desmilitarización y democratización de la Seguridad Pública no consiste sólo en retirar gradualmente a las fuerzas armadas de las calles y de las carreteras dependiendo del grado de cooptación de autoridades locales y de violencia perpetrada en las comunidades, sino también es evitar que jefes militares impongan estrategias de guerra en los “Grupos de Coordinación en materia de Seguridad Pública” en los estados, que palomeen a jefes policíacos y que militares en retiro lleguen a puestos de mando policíaco o a cargos de elección popular con criterios y visión punitiva que anule de facto los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, predisponiendo a las corporaciones policiales a cometer detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, o que los elementos policiales sean víctimas de violación a sus derechos en aras de una supuesta “depuración” policial, como así ha sucedido. 

    Implementar como obligatorio en las corporaciones policíacas el Servicio Civil de Carrera Policial, dispuesto ya en la legislación federal y en las entidades federativas, pero que no se aplica o se simula su aplicación. De esta manera evitaríamos que en cada cambio de administración lleguen jefes y mandos policíacos impuestos por intereses políticos y por poderes fácticos, como hoy sucede. Si las jefaturas policíacas se ganaran por concurso a convocatoria abierta, los integrantes de las corporaciones policíacas estarían motivados a cursar estudios, a tener una hoja limpia de servicio, a no violar derechos humanos y a no corromperse. 

    Se debe poner especial atención en no violar los derechos de los elementos de Seguridad Pública. Los Exámenes de Control de Confianza a las y los integrantes de las corporaciones policíacas deben transparentarse a petición de parte y ser respetuosos de sus derechos. 

    El Poder Constituyente Permanente debe abrogar el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII Constitucional, que anula el derecho laboral de las y los policías a su reincorporación, de ganar el laudo judicial ante una remoción injustificada. 

    Ensayar el modelo de SEGURIDAD CIUDADANA propuesto por la ONU y la CIDH, en el que la Seguridad Pública no es un asunto exclusivo de policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. En este, la seguridad se vincula con la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y con los Servicios Públicos Municipales, para abatir la pobreza y la marginación. Las policías son catalizadores de las demandas ciudadanas y se convierten en mediadores no en represores de los conflictos comunitarios, además de prevenir los delitos mediante una visión proactiva más que reactiva, contraria al fallido modelo actual. A su vez, el Mando Único Policial trastoca el principio constitucional de Municipio Libre, como sucedió ya en Baja California, y promueve el desarraigo del policía de su propia comunidad. 

    Una visión diferente de la Seguridad orientaría al policía a entender el concepto de “prevención” para evitar la violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, que se criminalice a los jóvenes pauperizados y a los grupos en situación de vulnerabilidad, y se frenen las detenciones arbitrarias como preámbulo de la tortura. 

    Implementar una reforma regulatoria del mercado de las drogas mediante la despenalización del auto-cultivo de la marihuana y de su posesión para el autoconsumo, abatiendo así su tráfico ilegal y la venta clandestina que genera la violencia. 

    Pedimos también que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defina una hoja de ruta para el retiro gradual de las fuerzas armadas, si va a conformar una Guardia Nacional militarizada y si rechaza o no la inconstitucional Ley de Seguridad Interior. 

     

    NO HAY RECONCILIACIÓN SI NO HAY, JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN DEL DAÑO PARA LAS VÍCTIMAS 

    PRINCIPIO FUNDAMENTAL: Las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.  

    Para que haya reconciliación las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos deben conocer la verdad de los hechos y acceder a la justicia. El perdón viene después, porque la impunidad lastima. 

    El Estado Mexicano, tanto el gobierno federal como los estatales, han sido omisos en garantizar la satisfacción del derecho fundamental a la reparación del daño. Las instituciones creadas por el Estado Mexicano al amparo de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, las Comisiones de Apoyo a Víctimas, no cumplen con su mandato, incluso, la CEAV combate las sentencias de amparo en vez de cumplirlas, o no existen en el ámbito local, como es el caso de Baja California y Guanajuato, entidades donde no hay voluntad política para crear estas instituciones, violando así los derechos de las víctimas que, al no poder acceder a la justa y oportunamente Reparación Integral del Daño, sufren un proceso de revictimización. 

    La noche del 1 de julio pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo al pueblo mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México: “No les voy a fallar [...] Quiero pasar a la historia como un buen Presidente”. Deseamos fervientemente que haga honor a su palabra. 

    Raúl Ramírez Baena 

    Director Ejecutivo 

    ccdhnor@gmail.com 

  • Opiniones sobre esta nota