AL FILO DE LA NAVAJA. LOS GRANDES PENDIENTES DE LA CORTE




  • Dentro de su “Plan de Austeridad Republicana”, el virtual presidente electo de México anunció que ninguna persona en la administración pública podrá ganar más que el Presidente, cantidad que él mismo tasó en $108 mil 248 pesos, que representan el 40 por ciento de lo que hoy gana Enrique Peña Nieto. Además, con ese Plan busca ahorros presupuestales eliminando prebendas y gastos superfluos, como una forma más de combatir la corrupción.

    El sueldo mensual de 34,559 funcionarios de la administración pública federal es superior al tope salarial fijado por AMLO, incluyendo a quienes laboran en las dependencias y organismos descentralizadas de los tres Poderes y en los organismos autónomos como la CNDH y el INE.

    El Presidente de La SCJN, el Ministro Luis María Aguilar Montes, percibe al mes la friolera de $651 mil 741 pesos, y el resto de los Ministros ganan un salario neto mensual de 269 mil 215 pesos, más prestaciones y estímulos, como un pago por riesgo anual de 554 mil 595 pesos, “por la complejidad de sus funciones”.

    Ante el anuncio de AMLO, el Ministro Aguilar Montes lanzó una declaración pública donde justificó los altos ingresos de los juzgadores, al asegurar que: “Tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia”.

    Lo más seguro es que, al aprobarse por el Congreso y entrar en vigor el ajuste salarial de la alta burocracia, éste no aplicará a quienes hoy ganan estratosféricos ingresos, porque las normas no pueden aplicarse de manera retroactiva; se aplicará a los funcionarios que ingresen a partir de la reforma constitucional propuesta. Ya veremos en qué termina todo esto que ha causado un revuelo al interior de la administración pública porque, de seguro, la política salarial fijada por AMLO, por la presión social, tarde o temprano aplicará también a los estados y municipios del país.

    El caso Ayotzinapa

    Un caso verdaderamente importante para la nación, que tendrá que resolver la SCJN y que servirá también para probar lo dicho por el Ministro Aguilar sobre “la vara de la justicia”, es, sin duda, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sucedido hace casi 4 años.

    Recordemos que el pasado mes de junio el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito de Tamaulipas, notificó las sentencias de amparo que concedió a tres presuntos sicarios señalados como responsables del crimen y desaparición de los normalistas en los hechos de Iguala, que fueron torturados por personal de la SEIDO para obtener su confesión, motivo por el cual el Tribunal anuló las pruebas presentadas por el MP federal, como lo

    establece la nueva normatividad en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y en materia de derechos humanos, y decreto la libertad de los imputados.

    El Tribunal ordenó en una sentencia histórica la reposición del procedimiento y algo novedoso que puede reproducirse en otros asuntos, la formación de una Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala, ya que la indagatoria realizada por la PGR, dice el Tribunal, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Dicha Comisión estará formada por el MP federal, las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Es por demás importante mencionar que esta sentencia es inapelable, además de ser la última instancia resolutiva, por lo que sin pretextos debe acatarse.

    A pesar de lo anterior, la PGR alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento a la sentencia que ordena crear la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. A su vez y para evadir su formación, la Conferencia Nacional de Procuradores se inconformó, bajo el argumento de que la sentencia viola el artículo 102 constitucional, que faculta exclusivamente a ministerios públicos para investigar delitos.

    Ante el argumento de la PGR para integrar la Comisión de la Verdad, no queda otra alternativa más que esperar a que la SCJN decida sobre este asunto en un ambiente sumamente politizado y a 4 años de conmemorar la tragedia de Iguala, herida abierta en el corazón de la nación.

    La Ley de Seguridad Interior (LSI)

    Otro gran pendiente de la Corte es definir la inconstitucionalidad de la LSI impuesta por Peña Nieto en el Congreso por conducto del PRI y el PAN, a pesar de las observaciones, recomendaciones y protestas de los organismos públicos y privados de derechos humanos, nacionales (integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra) e internacionales, que hoy reclaman su abrogación, porque significa legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública (con su caudal de excesos), acciones reservadas por la Carta Magna a las autoridades civiles.

    Como antecedentes, por considerarla inconstitucional, dos jueces de Distrito resolvieron en mayo pasado 16 amparos que impugnaron la LSI, determinando que solo en el caso de quienes promueven estos recursos no procederán las retenciones, revisiones o cualquier otra actividad de seguridad pública que realicen elementos de las Fuerzas Armadas.

    Pocos días después, la SCJN emitió una circular a jueces y magistrados de circuito para notificar la decisión de frenar los amparos contra la LSI. El máximo tribunal dispuso que se aplazarán hasta que el pleno de la SCJN se pronuncie sobre el fondo. ¿Para cuándo, pues?

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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