AL FILO DE LA NAVAJA. IRREFRENABLE PROTAGONISMO MILITAR




  • (Mi solidaridad con el periodista Odilón García)

    Es preocupante que, al final de su sexenio, Enrique Peña Nieto de rienda suelta a un inusitado protagonismo de la cúpula militar, o ésta ha tomado la iniciativa a motu propio, lo cual sería aún más preocupante. Las expresiones públicas vertidas por los titulares de la Sedena y la Semar crean gran incertidumbre ante un eventual triunfo del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

    En medio de un nuevo escándalo en que se vieron involucrados integrantes de la Marina Armada de México, en el que murieron en fuego cruzado cuatro integrantes de una familia en Nuevo Laredo, entre ellos dos menores (incidente cuya responsabilidad ha sido negada por la cúpula militar), presuntamente por disparos lanzados desde un helicóptero militar a un vehículo que circulaba por la zona, como lo denunciaron familiares de las víctimas, surgieron declaraciones para justificar estos y otros hechos.

    Durante la presentación el 27 de marzo pasado del libro “Numeralia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en el Siglo XXI, Otra Visión”, el titular de la Sedena, reiteró: “Nosotros no pedimos una Ley de Seguridad Interior, pedimos un marco jurídico, el que quieran, pero que nos lo den. ¿De otra manera cómo podemos ayudar? Es decir, nos impiden ayudar”, dijo Cienfuegos.

    ¿Qué decir a todo esto?

    1.- Primero, aclarar que, en nuestra Constitución, la Seguridad Pública va acorde con los estándares internacionales: las funciones de prevención e investigación de los delitos corresponden única y exclusivamente a las policías y al Ministerio Público (artículo 21);

    2.- El sabio constituyente mexicano dispuso que, “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129). Hasta donde sabemos, en México no hay una guerra declarada;

    3.- Los titulares de la Sedena y la Semar quizá estén animados por su asistencia al 76 aniversario de la Junta Interamericana de Defensa, órgano de la OEA a la que acude la cúpula militar continental (con gran influencia de los Comandos Norte y Sur del ejército de los EUA), en la que se coordinan las acciones de defensa y de seguridad nacional en el continente, en un momento en que, en la economía de mercado, se impone gradualmente la militarización de la seguridad pública;

    4.- Por lo que escuchamos de la cúpula militar, requieren de una norma que les dé “certeza jurídica”, es decir, que se legalice lo ilegal; irrumpir en tareas civiles aprobando una ley aún en contra de lo dispuesto en la Constitución, a pesar de los “daños colaterales” (como lo expresó el titular de la Sedena durante el régimen de Felipe Calderón, Gral. Guillermo Galván, en el contexto de la “guerra al narco”), término acuñado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, referido a fuego amigo, al asesinato de civiles y a la destrucción de blancos civiles, aplicable a lo que hoy sucede en México;

    5.- Como todos sabemos, la respuesta a la demanda del mando militar consistió en imponer la Ley de Seguridad Interior (LSI) en el Congreso federal, aún en contra de los exhortos de la ONU, la CIDH, la CNDH y las ONG de derechos humanos, ley que hoy se encuentra impugnada ante la SCJN mediante acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, dilatada su resolución en el marco del escenario electoral;

    6.- Hoy, la irrupción militar se da, con o sin LSI, a pesar de la decisión de Peña Nieto de no emitir “declaratoria de protección” de la seguridad interior hasta que la SCJN decida su constitucionalidad. Pero esto es una simulación, porque la LSI ya entró en vigor y porque dispone que el Presidente puede ordenar por si o a petición de las legislaturas o los Ejecutivos estatales, la intervención militar en seguridad interior (léase seguridad pública);

    7.- Está probado que, a pesar del decomiso histórico de droga, armas, propiedades y dinero del narco; de la captura o abatimiento de los criminales más buscados (101 de 122); de la masiva incorporación de marinos, soldados, gendarmes y policías; del sistema de control de confianza, etc., la producción, tráfico y consumo de droga, la corrupción y el lavado de dinero siguen boyantes. La violencia no cede, las víctimas mortales en el actual sexenio se igualan al anterior (casi 103 mil en cada administración); aumenta el número de personas desaparecidas (25 mil personas según denuncias), y así. ¿Alguien cree que la LSI nos va a salvar de todo esto?

    8.- The War Report 2017 coloca a México en un perfil de Guerra, equiparando el número de muertes civiles a enfrentamientos internacionales. A su vez, el New York Times reporta que el nivel de letalidad de las fuerzas armadas mexicanas es alarmante: el Ejército mata a ocho personas para cada una que hiere y la Marina mata a 30 por cada herido. En cambio, el Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que, en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados, por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos, lo que habla de posibles ejecuciones extrajudiciales en nuestro país.

    Reconocemos que la tropa no es responsable de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que comete, sino quienes la envía a realizar tareas fuera de su mandato y de su formación profesional.

    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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