EL ESTADO, EN DEFENSA DEL LIBRE MERCADO, NO DE LOS DERECHOS




  • "Las leyes no son otra cosa, que las condiciones de la asociación civil. 
    El pueblo sometido a las leyes debe ser el autor de las mismas.”
    JJ Rousseau, El Contrato Social, 1762
    "La ley injusta no es ley, sino violencia", dijo San Agustín hace cientos de años, resaltando así que las leyes injustas, aunque se hubieran formado siguiendo el proceso requerido, no eran capaces de conjurar la voluntad de los ciudadanos, siendo en consecuencia ilegítimas. Este principio, sobre el cual se basa la filosofía de la desobediencia civil pacífica, se ve resumido en la frase de Gandhi: "Cuando una ley es injusta, lo mejor es desobedecer".
    La esencia y naturaleza de un Estado como el mexicano, democráticamente constituido en república federal es, a través de un cuerpo de autoridades (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), establecer un orden jurídico cuyo objeto principal es la protección de los bienes jurídicos fundamentales (los derechos humanos). Para ello, el gobierno debe hacer uso de la política como una manera de ejercer el poder, con la intención de minimizar el choque entre los distintos intereses que se producen en la sociedad, no para favorecer a algunos de ellos.
    El gobierno al servicio del libre mercado, rompe “El Contrato Social”
    Prueba en contrario a los principios anteriores, es el desalojo del grupo de manifestantes y la detención de 3 activistas acusados infructuosamente de delitos federales, pertenecientes al movimiento MEXICALI RESISTE, que mantenían un bloqueo pacífico en la vía pública para obstruir el ingreso de los tanques de la Constellation que almacenarán millones de litros de agua que tomarán de la red de la ciudad. Esta es la prueba de que el gobierno federal, estatal de Baja California y municipal de Mexicali, trabajan para favorecer la inversión privada extranjera como sinónimo de “progreso” y “desarrollo” en la región.
    Como preámbulo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recién visitó Tijuana acompañado de la plana mayor del aparato civil y militar de seguridad, refrendando el incondicional apoyo del gobierno federal a la instalación de la trasnacional cervecera en Mexicali, la cual circuló un comunicado donde agradece a las autoridades por “hacer respetar el Estado de Derecho”.
    La visita de Osorio Chong y el desalojo de Mexicali Resiste fue el preámbulo de la visita de Peña Nieto a Mexicali hoy lunes 24 de julio, para limpiarle el camino, representando el apoyo del gobierno federal a la trasnacional, como según consta en la reunión celebrada en Los Pinos entre los directivos de la Constellation Brands y el Presidente el 16 de junio del 2015, anunciando multimillonaria inversión en Coahuila. Los compromisos ahí están, sin transparencia, y los manifestantes que bloquean las obras de la Constellation en el Valle de Mexicali estorban a los negocios privados.
    Históricamente, la resistencia civil pacífica reclama de origen violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales, por ello está plenamente legitimada en nuestra Carta Magna y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En consecuencia, la ley debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, no los intereses particulares.
    Llama la atención que, en el caso de Mexicali como en decenas de protestas a lo largo de la república, en lugar de privilegiar el diálogo y abrir procesos públicos y transparentes de negociación política con la población afectada, la respuesta del gobierno mexicano ha sido la represión, la judicialización, la descalificación, el linchamiento mediático y la criminalización de los movimientos sociales que protestan contra políticas de Estado o proyectos privados depredadores, donde predominan los intereses privados y el lucro, tomando como base el modelo neoliberal de libre mercado. 
    Es claro que la población en Mexicali ha tomado consciencia de la importancia y el valor del agua como derecho fundamental, vital para el consumo humano y la producción agrícola, por lo que no acepta la instalación de la Constellation. De ahí la manta de los agricultores que bloquean la entrada a la planta, que dice: “El agua es para producir alimentos, no para producir cerveza”. 
    La inversión privada extranjera no es la salvación de la Patria, como nos lo quieren vender, menos si es en sectores estratégicos para la soberanía nacional, como el agua, el petróleo o la banca. No hay más, los cambios los debe hacer el pueblo, no los gobiernos. Pero el apoyo incondicional que da el gobierno mexicano a los inversionistas privados, antes que a los derechos ciudadanos, rompe con los principios que sustentan al Estado Social y Democrático de Derecho.
    A riesgo de convertirse en un gobierno autoritario, las autoridades deben escuchar la voz del pueblo en sus justas demandas. Por ello no es saludable una salida policíaca y judicial a un asunto de naturaleza social, ni criminalizar la legítima resistencia civil. El gobierno no tiene otra salida más que cancelar el proyecto de la Constellation Brands en Mexicali, garantizando a la población el derecho al agua, como es su deber. De lo contrario se corre el riesgo de romper el Contrato Social. 
    La sobreexplotación de las fuentes de aprovisionamiento del agua pone en peligro su sustentabilidad, por lo que se debe racionalizar su aprovechamiento para que no se convierta en un recurso no renovable, a riesgo de que después suframos las consecuencias por la irresponsable actuación de las autoridades.
    *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste


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