¿Ya terminó la primavera bajacaliforniana?




  • Las movilizaciones  de los ciudadanos  bajacalifornianos  a partir del gasolinazo, y las marchas en ascenso, generaron la idea en  algunos intelectuales locales de que estábamos ante una especie de “primavera cachanilla”. La fuerza con que se manifestó el pueblo bajacaliforniano, sobre todo con la concurrencia de más de cincuenta mil almas protestando en la capital del estado y otras miles en Tijuana y Ensenada, así como las tomas de las estaciones de Pemex en Rosarito y la Rosita en Mexicali. El bloqueo de los palacios municipales y estatales, y de varias oficinas gubernamentales,  indicaba que algo superior a un movimiento social espontáneo se estaba gestando.

    El movimiento que comenzó por la protesta contra el alza al combustible fue incorporando cada vez más demandas, producto del agravio, corrupción y desatención de los gobernantes y representantes populares. De las protestan contra Peña Nieto y su política económica, se pasaron a las denuncias contra la corrupción, la privatización del agua y las negligencias de los diputados del congreso estatal. 

    Se llegó incluso  a pedir la cabeza del gobernador. Lo que motivó a algunos funcionarios y empresarios a especular que había intereses de partidos políticos que pretendían desviar al movimiento. Lo cual resultó falso. Pero se intensificaron los ataques en la prensa a los líderes, acusándolos de pertenecer a determinada institución partidaria, lo cual fueron infundadas, yo mismo lo corrobore. Y por si fuera poco, utilizaron a una diputada líder de burócratas como “porro” para desalojarlos.

    Algunos pensamos, que los manifestantes estaban ampliando demasiado sus demandas y que si  no lograban obtener triunfos inmediatos, entonces el movimiento social comenzaría a  entrar en reflujo y terminaría por diluirse, dejando una frustración en la ciudadanía movilizada y la de apoyo virtual. Por eso considerábamos que era imprescindible sentarse a negociar con las autoridades.

    Sin embargo, el movimiento continuaba teniendo la simpatía de la población, cuando menos eso se manifestaba en la redes y en los debates de los medios de comunicación locales. Incluso llamó la atención de medios nacionales tan importante como la Revista Proceso y  el programa de Carmen Aristegui donde se le dio amplia cobertura.

    La ansiada negociación con las autoridades prometía una posible salida política al conflicto. Se llevó  cabo con tropiezos, pero los resultados no llenaron los anhelos de una ciudadana cansada de promesas, de verdades a medias,  de que se le considerara menor de edad. Las autoridades le apostaron a una serie de concesiones pírricas. Pensaron que con eso desmovilizaría a la población. Los agravios de los políticos resultaron ser demasiados. 

    La última marcha parecía servir de termómetro para las autoridades estatales y municipales de que el movimiento social se había agotado, por eso tanto el presidente municipal de Mexicali como el gobernador, pensaron no ceder más en ninguna de las múltiples demandas que quedaron pendientes. Incluso, tanto en el ámbito federal como en el estatal, se pensó que las marchas por la unidad contra Trump convocadas por el gobierno y las televisoras a su servicio, terminarían por  darle el tiro de gracia a un movimiento que parecía ir más allá.

    Con lo sucedido el domingo 12  y el lunes 13 de febrero en Mexicali, donde la ciudadanía regresó al palacio Municipal a realizar una toma simbólica de manera pacífica, y fueron reprimidos y encarcelados algunos de sus líderes,  creo que esas apreciaciones resultaron superficiales y que la “primavera cachanilla” continuará por un largo tiempo.

    La torpeza de las autoridades de enviar provocadores para romper el bloqueo y justificar las detenciones y las  demandas legítimas de la ciudadanía, van a oxigenar el movimiento. Hay una demanda que considero va a  logra aglutinar al interés de los ciudadanos de  todos los municipios  de Baja California, me refiero al agua y las concesiones que hicieron las autoridades municipales y estatales con anuencia del congreso, para que se instalara una empresa transnacional que va a venir a saquear las pocas reservas que tiene el estado del vital líquido.

    Por más que quieran tapar el sol con un dedo, la realidad es que el famoso acueducto, y la aprobación de la instalación de empresa cervecera Constellation Brands se hizo apresurado, atendiendo a intereses particulares, sin un análisis de impacto ambiental adecuado, sin prever las consecuencias del desabasto de agua para Ensenada y Tijuana. Prueba de ello fue la abrogación de la ley de aguas que habían aprobado anteriormente los diputados del congreso estatal sin haberla leído. En torno esa demanda vana a girar otras de carácter político, que demuestran la complicidad de los distintos actores políticos. Ya no es solo una demanda contra el gasolinazo.

    El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, correo josemorenomena66@gmail.com

  • Opiniones sobre esta nota